Edil Diego Fernando Denuncia Abuso De Poder.
No hay nada mas detestabable que un funcionario publico que utilicé su posición para atropellar a los ciudadanos, mas aun cuando se trata de colombianos con pocas posibilidades de defenderse. Lamentablemente, este es el pan de cada día de la administración publica, todo los días se desconocen los derechos pero muy pocas veces se pone en peligro la subsistencia de mas de cuatrocientas familias como es el caso que hoy les contare.
Los actores públicos abusadores de poder son en este caso; El Alcalde de Suba, Funcionarios de la Defensoria del espacio público y funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano.
Los abusados o atropellados en su derecho al trabajo y al debido proceso son; cuarenta y cinco comerciantes y mas de cuatrocientos empleados directos que por mas de 25 años han desarrollado sus diversas actividades en locales ubicados en la calle 116 con autopista norte, barrio La Alambra .
¿Que fue lo que paso? Desde hace varios años se suscito un problema de convivencia entre los comerciantes y residentes que resulto de la falta de atención de las autoridades a ciertas perturbaciones del orden público ocurridas por la presencia de clientes que visitaban el sector generando ruido con sus equipos de sonido, automóviles y charlas ocasionando malestar en los residentes.
Las autoridades locales a pesar de que eran requeridas por los comerciantes para atender el problema jamás se presentaron, por el contrario se hicieron los de la vista gorda.
Fue así que cuando descubrieron el mes pasado que había problemas en el sector, para quitarse un dolor de cabeza y evitar las constantes quejas por su ineptitud tomaron la decisión entre las tres entidades abusivas de cerrar las bahías que habían servido como sitio de parqueo por mas de 25 años para los clientes de los 45 establecimientos comerciales y para los bogotanos en general.
¿Que fue lo que se argumento para el cierre?
Las autoridades públicas de la noche a la mañana se presentaron con antimotines e iniciaron el cierre de las bahías, el argumento que llevaban consigo era que esa zona de parqueo era un área verde que estaba invadida por vehículos. Argumento bastante extraño si se tiene en cuenta que durante muchos años se había utilizado como parqueadero con el consentimiento de la administración.
Fue así que siguiendo mi labor como edil empecé a investigar y lo primero que me encontré fue que no existía un acto administrativo que hubiera ordenado el cierre, jamás se llamo a los comerciantes afectados, ni se los hizo parte de un proceso y mucho menos se los notifico acerca de la decisión, lo único que encontré fueron tres cartas entre los funcionarios abusivos.
La primera era enviada por un funcionario de La Defensoria del Espacio público al IDU y en ella se solicitaba instalar bolardos en las bahías como una medida para recuperar una zona verde invadida por vehículos. Era simplemente una carta, no estaba motivada, no constituía una orden y no fue publicada. De esa manera busque los planos del sector y me lleve una gran sorpresa, las bahías estaban consagradas como “zona verde y de servicios comunales” no solo como zona verde como argumentaba el funcionario. Tal diferencia no es caprichosa pues la frase “Y de servicios Comunales” hace referencia a la posibilidad de que sea utilizada como área de parqueo, baños, y otros servicios necesarios para brindar un buen funcionamiento a las actividades de una comunidad o urbanización.
En este momento ya tenia indicios de que lo que se había cometido era un gran abuso de poder entonces procedí a ubicar la resolución de urbanismo del sector y las licencias de construcción de los edificios, fue así que comprobé mis sospechas; según la resolución de urbanismo y las licencias de construcción los parqueaderos de visitantes y los comerciales estaban ubicados en las bahías que acababan de cerrar, estos documentos le habían dado así un destino especifico de parqueaderos a los servicios comunales.
Ya convencido de que se había cometido un abuso de poder materializado en una violación al debido proceso (ni siquiera hubo acto administrativo) continué con la lectura de las siguientes cartas.
La segunda era enviada por el Alcalde Local de Suba al IDU, en ella le preguntaba a la entidad cuándo iba a iniciar el cierre de las bahías, y en caso de que el cierre se demorara le solicitaba que lo autorizara para él cerrarlas con recursos de l localidad.
Esto me demostró que no solo el Alcalde Local estaba enterado del atropello que se iba a cometer sino que lo consintió, convirtiéndose así en participe de semejante hecho abusivo. A esto se le suma que dicho funcionario conocía que en su despacho cursa un proceso en contra de algunos establecimientos de comercio que están en las bahías el cual ni siquiera fue fallado para efectuar el cierre.
La tercera carta fue la respuesta del IDU al Alcalde Local, fue enviada el viernes 3 de octubre a las 4 y 55 PM y en ella se informaba que cerrarían las bahías el 14 de octubre. Contrario a eso el siguiente lunes 6 de octubre a las 7 AM iniciaron las obras. No hubo acto administrativo, no se informo a la comunidad, y tampoco se le dio un solo día hábil para interponer recurso alguno.
Siendo así las cosas el cierre de las bahías a partir de las cuales funcionan 45 establecimientos comerciales y viven mas de cuatrocientas familias fue un abuso de poder, pues no hubo un proceso ni acto administrativo y además el hecho estuvo mal motivado pues se trata de una “zona verde y de servicios comunales” con uso especifico de estacionamiento y no simplemente una zona verde.
Lo más triste de esto es que en este momento debido a que han perdido los clientes, pues no tienen donde estacionarse, han empezado a quebrar varios negocios teniendo que hacer despidos sistemáticos dejando a muchas familias en la calle.
Ahora bien la pregunta que debemos hacernos es ¿Cómo colombianos nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo que nuestros compatriotas están siendo atropellados?
Si eso no es así, por favor envía esta carta al mayor número de amigos que tengas y así exigiremos respeto y responsabilidad de los funcionarios involucrados, así como la habilitación inmediata de las bahías.
